Segunda prueba de alcoholemia: tus derechos

Qué es la segunda prueba de alcoholemia y por qué se realiza

La segunda prueba de alcoholemia es una garantía del procedimiento de control en España: tras una primera medición positiva, debe practicarse una segunda medición con etilómetro evidencial y, además, en determinados casos puede solicitarse una prueba de contraste, normalmente mediante análisis de sangre. Son dos planos distintos y conviene no confundirlos.

El marco principal está en el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003. Su artículo 23.1 prevé que, si el resultado de la prueba practicada con etilómetro es positivo, se someterá al interesado, para mayor garantía y a efecto de contraste, a una segunda prueba de detección alcohólica por aire espirado. El artículo 23.2 añade que entre ambas mediciones debe mediar un tiempo mínimo de diez minutos.

Además, el artículo 23.3 del mismo Reglamento establece que el agente informará a la persona sometida a examen del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de acompañante o defensor, si lo tuviese, y la advertirá del derecho a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos.

Por eso, no toda discusión sobre la prueba anula por sí sola una sanción o un procedimiento penal. Habrá que valorar cómo se practicó la medición, si se respetaron los tiempos, qué información se dio al conductor, cómo quedó reflejado en el boletín o atestado y qué demás circunstancias concurren en el caso.

Qué derechos tienes durante la segunda medición y la prueba de contraste

En un control de alcoholemia, el conductor no elige libremente cómo se desarrolla la actuación, pero sí cuenta con garantías relevantes. La primera es el derecho a una segunda medición cuando la primera arroja resultado positivo, respetando el intervalo mínimo legal de diez minutos previsto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Circulación.

La segunda garantía es ser informado de la posibilidad de prueba de contraste, normalmente análisis de sangre, cuando proceda. Esa advertencia forma parte de la actuación y puede ser relevante si después se discute la solidez del expediente sancionador o la valoración probatoria en vía penal.

• Que consten las dos mediciones y sus resultados.
• Que figure la hora de cada prueba para comprobar el intervalo.
• Que se identifique el aparato utilizado y la actuación policial realizada.
• Que el conductor pueda conocer el contenido documentado, ya sea en el expediente sancionador o en el atestado, según el cauce del caso.

No puede afirmarse como regla absoluta que cualquier defecto formal invalide automáticamente la actuación. Sin embargo, una documentación incompleta, una información deficiente o una irregularidad en la práctica de la prueba pueden afectar al margen de defensa y a la valoración del resultado, algo que conviene analizar con detalle en un recurso por errores en control de alcohol.

Cuándo puede haber sanción administrativa y cuándo puede haber delito

No todo positivo en un control de alcoholemia termina del mismo modo. En muchos supuestos, la consecuencia será administrativa, dentro del marco general de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015. Ahí se encuadran las infracciones y sanciones relacionadas con la conducción con tasas superiores a las reglamentariamente establecidas.

Sin embargo, si la tasa obtenida o los hechos presentan relevancia penal, puede entrar en juego el artículo 379.2 del Código Penal. Este precepto contempla, entre otros supuestos, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y también la superación de determinadas tasas objetivas. En ese escenario, no estamos solo ante una sanción de tráfico: puede abrirse una vía penal, con atestado, diligencias e incluso juicio rápido.

La diferencia práctica es importante. En vía administrativa se discutirán normalmente la regularidad del expediente y la suficiencia de la prueba para sancionar. En vía penal, además, habrá que valorar la prueba de cargo en su conjunto, la información ofrecida al investigado, los síntomas apreciados por los agentes y la documentación incorporada al atestado. No conviene simplificar ni asumir automatismos.

Qué conviene revisar si quieres discutir el resultado o la actuación policial

Si quieres cuestionar una sanción por alcoholemia o la validez de la actuación, lo prudente es revisar la documentación antes de decidir. No es lo mismo formular alegaciones en un procedimiento sancionador administrativo que preparar defensa en un posible procedimiento penal por delito contra la seguridad vial.

• Aparato utilizado: identificación del etilómetro evidencial y datos que consten en la documentación.
• Intervalos: si entre la primera y la segunda medición se respetó el mínimo de diez minutos.
• Resultados y horas: coherencia entre las cifras, su reflejo en el boletín y en el atestado policial.
• Información ofrecida: si se advirtió de la posibilidad de prueba de contraste y de formular observaciones.
• Firma y observaciones: qué se hizo constar y si hubo negativa o incidencias.
• Síntomas y testigos: especial relevancia si el asunto puede tramitarse por la vía penal.
• Documentación disponible: expediente sancionador, boletín de denuncia, ticket de resultados, atestado y demás diligencias.

Si el asunto queda en vía administrativa, puede haber fase de alegaciones y, después, recursos según proceda; agotada esa vía, cabría valorar la vía contencioso-administrativa. Si, por el contrario, los hechos encajan en un posible delito del artículo 379.2 del Código Penal, la prioridad será la defensa en vía penal, no una impugnación administrativa genérica.

En resumen, los derechos básicos del conductor pasan por una segunda medición con garantías, por ser informado de la posible prueba de contraste y por poder conocer la documentación relevante del caso. Si dudas sobre lo ocurrido, el siguiente paso razonable suele ser revisar el expediente o el atestado antes de decidir cómo actuar frente a una segunda prueba de alcoholemia.

Fuentes oficiales y base normativa aplicable

• Real Decreto 1428/2003, Reglamento General de Circulación, en especial artículo 23 sobre pruebas de detección alcohólica y contraste.
• Real Decreto Legislativo 6/2015, texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
• Código Penal, artículo 379.2.
• Consulta oficial en BOE: boe.es.